Aborto: un debate polémico

Dentro del marco del debate por la legalidad de la prácticas del aborto, para que muchas mujeres dejen de hacerlo de manera clandestina e insegura, una vez más se toman decisiones que marcan la posión que tiene que cada sector sobre el tema. Por lo que, un cirujano y ginecólogo del Hospital Molas, de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa fue relevado de su cargo luego de que se diera a conocer que promovía la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y, aque demás, apoyaba la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. Por otro lado, en la ciudad santafecina de Rosario, los concejales que aprobaron una declaración en la que le exigen al Congreso que se debatan los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE), recibieron presiones y amenazas de muerte de grupos vinculados a la Iglesia Católica.
Fernando Giayetto, tocoginecólogo y cirujano, fue desplazado a fines de julio y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa, quien además, milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoya la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva; realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos.
Entre 2007 y 2009, en el Hospital Molas, hubo cinco casos que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. Este veto fue reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.
“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, afirmó Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Durante el 2004, CDD-Córdoba recibió la notificación de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, para lograr que se cancelara la personería jurídica con la que gozan desde 1998. El abogado cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: en el que hacen referencia al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y otro en el que proponen “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y, de esa forma, ampliar el debate en relación a los aspectos médicos, legales y éticos”. Además, una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, Gladys Ponte, ex directora del Hospital Rawson, fue denunciada a fines del 2008 por mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una vez más, se se ponen trabas para comenzar a debatir un tema que necesita que se trate, porque son muchas las mujeres que mueren a causa de un aborto mal hecho. Una situación que necesita que este tema recién empiece.

Gisela Cruz