El 23 de septiembre de 1913 en la Argentina se sanciono la conocida Ley Palacios (Ley Nº 9.143), en alusión al diputado socialista Alfredo Palacios, quien hizo su primer intento legislativo en el continente para erradicar la prostitución de mujeres, niños y niñas. Esta norma fue la primera en América que protege a las víctimas de la explotación sexual, que combate el problema de la trata de personas y penaliza a los responsables. Este acto marcó un antes y un después en la lucha de la historia contra la esclavización de mujeres para ejercer la prostitución.
Por este mismo hecho, el día 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en enero de 1999, de la que participaron dirigentes regionales de América y el Caribe.
Por este mismo hecho, el día 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en enero de 1999, de la que participaron dirigentes regionales de América y el Caribe.
La trata de personas es un problema mundial y constituye una gravísima violación de los derechos humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, afecta cada año a unas 2.500.000 personas, especialmente mujeres y niñas, que son reclutadas, muchas veces con engaño, para redes de prostitución. Se estima que es un negocio trasnacional que genera unos 7000 millones de dólares anuales: es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas. La trata para explotación sexual es la variante contemporánea de la esclavitud, otra cara de la violencia de género.
En la Argentina, hay más de 500 mujeres involucradas. Sin embargo, la ley 25.632, sancionada por el Congreso el 29 de abril de 2008 tipificó como delito federal la trata y creó una serie de obligaciones al Gobierno para brindar asistencia y protección a las víctimas. Pero la norma todavía no fue reglamentada. De todas formas, comenzó a aplicarse para perseguir a los integrantes de las organizaciones que atentan contra la libertad de las mujeres. Las estadísticas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dan cuenta de 264 allanamientos fueron realizados hasta el momento por las distintas fuerzas federales de seguridad. En esos procedimientos, se rescataron 399 víctimas, 117 menores de edad y 285 mayores.
Carolina Villalba
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