Nuevas controversias en torno al aborto

Según indica un estudio realizado en Argentina, dos de cada cuatro situaciones preocupantes respecto a los Derechos Humanos, involucran a mujeres. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), luego de evaluar una presentación hecha por el Estado nacional destacó la gravedad del desamparo que genera la penalización del aborto.

Por otro lado, las observaciones finales del CDH fueron recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde el subsecretario Luis Alén, quien participó de la comitiva que presentó el informe estatal ante el Comité, afirmó: “la primera parte toma nota de los avances que se produjeron, lo cual es bueno”. Además, indicó éstos son temas sobre los cuales se trabaja y aclaró que tienen más que ver con "situaciones provinciales", por lo que en el mediano plazo serán parte importante del temario que abordará el Consejo Federal de Derechos Humanos, cuya reunión está prevista para el próximo 7 y el 8 de abril.

La desigualdad de situaciones que padecen las mujeres argentinas por la legislación de índole restrictiva sobre el aborto y la inconsistente interpretación por parte de los tribunales federales a la hora de implementar el artículo 86 del Código Penal y definir si se trata o no de un caso no punible, constituyen otro núcleo de las observaciones de Naciones Unidas.

Por su parte, según indica Alén, el Estado “debe modificar su legislación” para que “ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”. Para ello no sólo es preciso trabajar sobre la ley: también está pendiente “adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86”.

Gisela Cruz

Aborto: un debate polémico

Dentro del marco del debate por la legalidad de la prácticas del aborto, para que muchas mujeres dejen de hacerlo de manera clandestina e insegura, una vez más se toman decisiones que marcan la posión que tiene que cada sector sobre el tema. Por lo que, un cirujano y ginecólogo del Hospital Molas, de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa fue relevado de su cargo luego de que se diera a conocer que promovía la realización de ligaduras tubarias sin obstáculos arbitrarios y, aque demás, apoyaba la práctica de abortos no punibles sin exigir una autorización de la Justicia. Por otro lado, en la ciudad santafecina de Rosario, los concejales que aprobaron una declaración en la que le exigen al Congreso que se debatan los proyectos que legalizan la interrupción voluntaria de embarazo (IVE), recibieron presiones y amenazas de muerte de grupos vinculados a la Iglesia Católica.
Fernando Giayetto, tocoginecólogo y cirujano, fue desplazado a fines de julio y enviado a atender a un centro de salud de Santa Rosa, quien además, milita en la organización Mujeres por la Solidaridad, que apoya la despenalización del aborto. Además, promovió en la provincia la aplicación de la ley de anticoncepción quirúrgica desde el cargo que ocupó como coordinador de Salud Sexual y Reproductiva; realizaba las ligaduras y defendía la práctica de los abortos no punibles sin judicializarlos.
Entre 2007 y 2009, en el Hospital Molas, hubo cinco casos que se resolvieron sin que trascendieran a la prensa. Una de las primeras medidas tomadas por el gobernador justicialista al asumir fue vetar una ley sancionada por la Legislatura que establecía un protocolo de atención a los abortos no punibles en los hospitales público. Este veto fue reclamado abiertamente por la jerarquía católica local.
“Hay intentos de los sectores fundamentalistas para frenar el debate. Estos grupos utilizan mecanismos democráticos como recursos de amparos y denuncias para impedir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto. A nosotras nos quisieron silenciar”, afirmó Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir-Córdoba e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Durante el 2004, CDD-Córdoba recibió la notificación de una denuncia presentada por el abogado Jorge Scala ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, para lograr que se cancelara la personería jurídica con la que gozan desde 1998. El abogado cuestionó dos de los objetivos de la entidad definidos en su estatuto: en el que hacen referencia al compromiso de la organización por “esclarecer a la sociedad sobre la responsabilidad y el derecho de las mujeres a una maternidad escogida y deseada”, y otro en el que proponen “profundizar la discusión en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y, de esa forma, ampliar el debate en relación a los aspectos médicos, legales y éticos”. Además, una integrante de la comisión directiva de CDD-Córdoba, Gladys Ponte, ex directora del Hospital Rawson, fue denunciada a fines del 2008 por mala praxis por defender el uso del DIU acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una vez más, se se ponen trabas para comenzar a debatir un tema que necesita que se trate, porque son muchas las mujeres que mueren a causa de un aborto mal hecho. Una situación que necesita que este tema recién empiece.

Gisela Cruz

Derecho al Aborto

Se conmemoró el día Internacional por el Derecho al Aborto, que desde 1990 instituyeron las organizaciones feministas latinoamericanas y del Caribe. Miles de mujeres a lo largo del país se movilizaron en reclamo de la sanción de una Ley que amplíe el acceso al aborto.

Esta tarde, organizaciones de mujeres, sociales, políticas y gremiales, que integran la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito”, se reunieron en la Plaza de Mayo con destino al Congreso, en reclamo por la sanción de esta Ley. La campaña es un frente de más de 240 organizaciones no gubernamentales de todo el país, con el lema de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”.

El aborto en la Argentina está legalmente restringido. El Código Penal lo representa como un delito contra la vida y la persona y lo sanciona con prisión para quien lo efectúa y para la mujer que se lo causara o consintiera.

Durante los últimos meses de mandato del ex ministro de Salud, Ginés González García, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se confeccionó la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contaba con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Este instrumento provee un marco jurídico para que el equipo de salud se sienta respaldado en su práctica.

La penalización del aborto sólo ha demostrado ineficacia: las mujeres quedan expuestas a usar métodos inseguros, que pueden causarles la muerte o dejarlas con graves lesiones en su aparato reproductivo. Desde hace más de veinte años, las consecuencias de abortos inseguros son la principal causa de muertes de mujeres por gestación en el país.

Gisela Cruz

España: Hacia un día después

En España se registraron 112 mil abortos en el 2007. De ellos, más de seis mil fueron a menores de 18 años y de estos, 500 de adolescentes menores de 15 años. Estas cifras alarmaron al Gobierno, y debido a ello, el Ministerio de Salud decidió que a partir del 28 de septiembre se venda la pastilla del día después en todas las farmacias, sin receta médica y sin que exista una edad mínima para las menores que pretendan comprarlas. Hasta ahora solo se comerciaba bajo receta médica, y se repartía en hospitales y centros de planificación familiar de ocho regiones de España, pero que permanecen cerrados los fines de semana.
Desde el gobierno socialista se insiste en que la píldora no es un método abortivo, y que una vez que existe el embarazo, ya no es efectiva. Sin embargo Sanidad considera que es un método de emergencia en caso de haber riesgos luego de la relación sexual. Además, se anunció que las farmacias venderán el fármaco postcoital junto con información sobre la salud reproductiva y sexual.
España no es el primer país que pone en marcha esta iniciativa. Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo y Estados Unidos ya aplican esta solución que intenta insertarse en el Parlamento de la Unión Europea para la reformulación de la ley del aborto.

Carolina Villalba

La línea de la polémica

El Ministerio de Salud de la Nación habilitó una línea telefónica gratuita llamada “Aborto: más información, menos riesgos”, con el fin de asesorar acerca de la interrupción farmacológica de un embarazo.

Por otro lado, la Organización no gubernamental Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, a cargo de la gestión de la línea telefónica, abandonó las disertaciones ideológicas y optó por asumir la responsabilidad de otorgar asesoramiento práctico para abortar.

Este método consiste en provocar un aborto espontáneo con el uso de dos fármacos (mifepristona y prostaglandinas), mediante la administración de un comprimido de mifepristona (esteroide sintético compuesto), el primer día y a las 48 horas de 2 a 4 comprimidos de prostaglandinas (Compuestos aciditos liposolubles semejantes a las hormonas, actúan y están presente en casi todos los tejidos. Son biosintetizados mayoritariamente por el útero en la mujer). Este procedimiento debe ser realizarlo bajo control médico y existe un tres por ciento de error.

Para llevar a cabo el Aborto Farmacológico, el embarazo debe tener menos de 49 días (7 semanas), contado a partir del primer día de la ultima período.

Todas las mujeres que hicieron consulta en la línea telefónica, ya sabían de la existencia de estos fármacos, más conocidos como “la pastilla para abortar”, pero estas referencias estaban compuestas por mitos, errores y prejuicios que podrían poner en riesgo a mujeres a lo largo de lo años. Durante el primer mes la línea registró 345 llamadas y sólo atendió 6 horas por día. Además, el rango de edades de las mujeres que llamaron fue amplio: entre 13 y 47 años; además, en el 92% de los casos se encontraban acompañadas de sus parejas.

Por otro lado, en Ecuador también se esta por lanzar la línea “Aborto: más información, menos riesgos”. Este proyecto esta siendo financiado, en ese país, por las organización holandesa “Women on Waves” (famosa por enviar kits abortivos a cualquier lugar del mundo), y Xminus. Estas organizaciones no gubernamentales cuentan con el resguardo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLOG), que respaldan el uso de métodos abortivos farmacológicos, ya que los consideran agentes de salud pública.

Línea de Aborto “Más información, menos riesgos” 15 - 6664 - 7070 (Se puede llamar o enviar un mensaje de texto y en la línea se contestan de forma gratuita)


Gisela Cruz



[





Fuente: Diario La Nación

Aborto: El eterno debate

En la Argentina 500 mil mujeres se realizan, cada año, abortos clandestinos, según informa el Ministerio de Salud de la Nación. Como consecuencia de esas prácticas mal realizadas, 60 mil mujeres terminan internadas por padecer consecuencias graves y unas 100 mueren. El aborto realizado en condiciones precarias, es la principal causa de muerte materna en el país.
La semana pasada, se realizaron jornadas organizadas por la Agrupación Católica por el Derecho a Decidir, en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se trata de una alianza conformada por 300 agrupaciones de mujeres, feministas, movimientos sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos y funcionarios.
Fue allí, en donde la ministra de la corte Suprema de la Nación, Carmen Argibay, defendió el derecho de “cada mujer de decidir lo que a ella le conviene” frente a un embarazo. Luego de esta exposición, la jueza recibió el apoyo de su colega Carlos Fayt, quien reclamó que el tema debe debatirse y tratarse en el Congreso. Además sostuvo que el aborto “tiene que ubicarse en la realidad”.
El proyecto de ley, fue presentado el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, y permite la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación del feto. Argibay defendió el derecho a decidir de las mujeres, cuestión que tiene que ver con la “dignidad y la libertad” para que cualquier decisión sea tomada con la debida información y conociendo las responsabilidades que este acto implica. Por este motivo, días después enfatizó: "Si fracasamos en la educación sexual y en la provisión de anticonceptivos, lo único que les queda a las mujeres es el aborto. La decisión la puede tomar sólo la persona interesada, pero tiene que tener los medios y los conocimientos". La jueza señaló que lo primero que hay que implementar es la educación sexual en las escuelas, y criticó que todavía se este debatiendo la implementación de esta ley.
La posición de Carmen Argibay, además de honesta y valiente, tiene una razón de ser frente a la realidad, porque es un dato incontrovertible que en la Argentina se practican entre 500 y 700 mil abortos por año, casi dos mil por día. En muchos de esas intervenciones quirúrgicas muere la mujer, generalmente cuando son realizados sin las condiciones sanitarias adecuadas.
“La Iglesia Católica se opone a los anticonceptivos, con la pandemia de Sida que hay en el mundo, me parece que esto es absolutamente criminal”, sentenció la magistrada. No caben dudas de que se ha abierto un debate del cual todos debemos opinar. Porque son alarmantes los datos que se muestran de mujeres muertas a causa de esta práctica. Es hora de enfrentar con franqueza aquellas posiciones conservadoras, y que se observen los datos que reflejan hoy nuestra realidad.

Audios- Carmen Argibay

Fuente: Católicas por el derecho a decidir

Audio 1



Audio 2



Audio 3




Radio Continental
Programa: Magdalena Tempranísimo





Carolina Villalba